España, como el resto de estados, se enfrenta a una nueva ralentización del crecimiento económico y por tanto de menores inversiones, como consecuencia del impacto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El horizonte de tensión inflacionista ya no parece temporal para el mandatario socialista, hasta el punto de que da por hecho que la futura situación «tendrá un coste y exigirá sacrificios».
El gobierno ha elaborado un Plan Nacional para contrarrestar los efectos de otra recesión, con once medidas , entre otras, como pedir a los agentes sociales que trabajen por un pacto de rentas encaminado a moderar los márgenes empresariales y los salarios. Una actuación que en clave política ha sido interpretada como una manera de topar los salarios, justo cuando hoy sindicatos y empresarios se reúnen para hablar del Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación colectiva.
Así, con la reforma laboral recién aprobada en el Congreso, y con la última subida del SMI, Sánchez pretende «evitar que la subida de precios desemboque en una espiral inflacionaria que mine el poder de compra de las familias». También en clave de empleo, el jefe del Ejecutivo avanzó la puesta en marcha del Mecanismo Red, que facilite a las empresas sometidas a crisis temporales o estructurales, adoptar medidas de reducción de jornada temporal, así como suspensión temporal de los contratos.
En el congreso, Pedro Sánchez dijo ser franco al aventurar que las sanciones sobre el régimen de Vladimir Putin tendrán su efecto «no solo en la macroeconomía, los Presupuestos Generales del Estado o la economía de las empresas», sino también sobre «la economía de las empresas y sobre los productos básicos», subrayó.
En un apelación a la unidad de las fuerzas políticas, con un Gobierno dividido y sin el apoyo de Unidas Podemos -salvo el de Yolanda Díaz- , Pedro Sánchez se refirió al más que «probable impacto» en las exportaciones españolas, inversiones, los flujos de turistas rusos, las interrupciones en importaciones agropecuarias y, en los mercados energéticos, malas noticias todas a las que añade la previsible alza de los precios.
Consciente del alargamiento de la situación de incertidumbre, además de las soluciones laborales aportadas solicitó en voz alta desde Madrid que las reglas fiscales marcadas por la UE -y congeladas por la pandemia del covid-19- se mantengan en este momento en letargo.
Además de impulsar que Rusia entre en la lista negra de los paraísos fiscales, en el plano nacional propone extender hasta el 30 de junio las medidas fiscales que afectan a la factura eléctrica, con rebaja del IVA del 21% al 10%.
El Plan incluye también una prórroga hasta el 30 de junio de la minoración temporal del beneficio que obtienen las centrales eléctricas no emisoras de carbono, así como una reducción en un 80 % de los peajes de más de 600 consumidores electrointensivos y una prórroga hasta el 30 de junio de las medidas de flexibilidad de los contratos de suministro de gas natural de los industriales.
Sobre el bono social eléctrico, promueve otra prórroga hasta el 30 de junio del descuento, del 60% para colectivos vulnerables y del 70% para colectivos vulnerables severos. Entre otras medidas, recoge el plan la Activación de reducción de consumos energéticos en los edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado.