Tras solo mes y medio de este ejercicio, los efectos económicos del imprevisible comportamiento del coronavirus y el probable endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) han echado abajo el escenario económico que el Gobierno planteaba para 2022. La aparición en el escenario mundial de la crisis ucraniana ha agravado el panorama al provocar una elevada volatilidad en la Bolsa y los mercados de deuda, elevando de manera sustancial la prima de riesgo.

En este momento, ningún organismo internacional ve plausible que el país alcance el crecimiento del 7% que el Gobierno plantea para este año. En cambio, el consenso general sugiere que será de un 5,6%, suficiente como para convertir a España en el segundo país con mejor evolución anual, según la Comisión Europea, pero bastante lejos de lo fijado en las cuentas públicas.

Para que la situación se revirtiera sería necesario un importante crecimiento de la oferta, la máxima eficiencia en la implementación de los fondos europeos, y a la vez, que no se materializaran algunos riesgos pendientes como los efectos de segunda ronda en los precios, mayores restricciones a las condiciones de financiación o las subidas impositivas. Así lo detalla el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

El petróleo es una pieza importante en la ecuación. Las estimaciones gubernamentales de julio de 2021 apuntaban a que el coste del barril en este año sería de 60,4 dólares. Sin embargo, está a punto de rozar los tres dígitos y la tensión entre Rusia y Ucrania sólo provoca un aumento en la escalada de los precios. Un barril en 100 dólares elevaría las previsiones de inflación en medio punto porcentual, según los cálculos de Bloomberg. A estas estimaciones se suma Funcas, que espera que la inflación se dispare hasta el 7,1% en febrero como consecuencia del aumento del precio del petróleo .

La gasolina también está en sus máximos precios de la historia. En este mes se ha situado en los 1,538 euros el litro, superando el tope de 1,522 euros que alcanzó en 2012. Hoy llenar el depósito cuesta casi 16 euros más que hace un año. Lo peor es que ante tal situación, el Gobierno no tiene nada que hacer. Esa es la máxima de María Jesús Fernández, economista de Funcas, quien explica que cualquier intento por mitigar la subida solo aumentaría el déficit público y la deuda.

La fuerte escalada en los precios se ha dejado sentir en los salarios, otro indicador clave en los Presupuestos Generales. Los datos de la estadística de convenios colectivos indican una subida media del 2%. Es el incremento retributivo más alto desde 2019, justo antes de la pandemia, y se debe a que muchos trabajadores han negociado cláusulas de garantía salarial que compensan parte del incremento del IPC, trasladándolo a los sueldos.

Se suma, el alza de precios que ha propiciado que el BCE abra las puertas a una posible subida de los tipos de interés en este año. El efecto inmediato de este anuncio en España ha sido el repunte de la prima de riesgo, que ha superado en esta semana los 100 puntos, algo que no ocurría desde 2020. A su vez el bono a 10 años ha alcanzado el 1,3% de rendimiento, con lo que se sitúa en niveles pre-pandemia. En contraste, las estimaciones oficiales eran del 0,9%. Esto significa que el país está pagando más de lo estimado por vender su deuda, si bien los expertos recuerdan que su tipo medio se encuentra en mínimos históricos y el vencimiento se ha ampliado hasta unos ocho años.

No obstante, hay otras voces que son menos críticas. Ese es el caso de Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, que recuerda que cuando se redactaron los presupuestos nadie barajaba un escenario con una inflación tan alta ni la aparición de la variante ómicron. Se trataba, en suma, de “un horizonte desconocido para todos”. A pesar de estos problemas, el analista confía en que el turismo repuntará y la liberación de los fondos europeos impulsará la recuperación. Se suma otro factor, y es que el resto de las economías europeas tampoco están en su mejor momento, por lo que no prevé que se impongan restricciones económicas importantes en el corto plazo, aunque sí son posibles en los siguientes dos años.