Se aprobó ayer en el seno del Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que recogerá la regulación del fondo de planes de pensiones de empleo de promoción pública de nueva creación. Este texto persigue facilitar la creación de planes de pensiones colectivos en el seno de las empresas. Estos planes tendrán una promoción pública aunque serán de gestión privada y se constituirán en el marco de la negociación colectiva. Así, serán funcionarios los encargados de escoger las entidades privadas que realizarán las inversiones. Estos planes –con la nueva figura del plan simplificado, también de nueva creación– tendrán “bajas comisiones” para facilitar el ahorro para la jubilación de trabajadores con rentas medias y bajas de pymes y para autónomos, jóvenes y empleados públicos.
De hecho, fuentes de la Seguridad Social explicaron ayer que será fundamentalmente la negociación colectiva sectorial (de cualquier ámbito territorial) la que podrá promover la creación de estos planes. Y las empresas, especialmente las pymes, podrán adherirse a ellos.
Igualmente las asociaciones de trabajadores autónomos podrán promover la creación de estos nuevos planes simplificados. Si bien estas fuentes destacaban ayer que la ley también permitirá que los autónomos se adhieran a planes sectoriales para empresas siempre que sean de su actividad. No obstante, las condiciones concretas de adhesión de los autónomos a planes sectoriales deberán desarrollarse aún reglamentariamente.
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el Gobierno enviará este texto al Parlamento para su tramitación. Desde el Ejecutivo no sabían concretar ayer cuánto tiempo tardará en concluir dicho trámite parlamentario. Aunque, en paralelo el Gobierno, pretende trabajar en el desarrollo reglamentario de esta ley para acelerar su puesta en marcha.
De hecho, para el trámite parlamentario y el reglamento han quedado cuestiones por concretar como el límite máximo de comisión que podrán cobrar las gestoras y que, según reiteraban ayer fuentes de la Seguridad Social, podría rondar el 0,3%, como se dijo en un principio.
Lo que sí incorpora el proyecto normativo son los incentivos fiscales recogidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 para los planes colectivos de pensiones, que elevaron el límite en la deducción de la base imponible hasta los 10.500 euros, para incentivarlos, al tiempo que redujeron este límite a los 1.500 euros para los planes individuales, algo que ha sido fuertemente criticado por el sector financiero y de gestoras de estos planes, que no ven con buenos ojos que se desincentiven los planes individuales sin haber arrancado el fondo de planes colectivos.
Este anteproyecto incluye varias novedades, fundamentalmente para las empresas, orientadas a fomentar el desarrollo de estos planes. Entre las conocidas ayer está la elevación a 115 euros mensuales de la cantidad de aportaciones de las empresas a los fondos de pensiones colectivos que se podrán sacar de la base de cotización del trabajador. Esto supondría poder excluir de dichas bases de cotización hasta 1.380 euros anuales, lo que según los cálculos del Ministerio supondrá un ahorro de casi 400 euros por trabajador al año.
Asimismo, recoge incentivos para que el trabajador pueda aportar más dinero que su empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial. Si la empresa aporta hasta 500 euros al año, el empleado podrá contribuir con hasta 1.250, con lo que la aportación máxima será del 3.250 en su conjunto; si la aportación empresarial está entre 501 y 1.00 euros, el trabajador podrá aportar hasta 2.000 al año (4.500 euros de aportación máxima); si el empresario pone de 1.001 a 1.500 euros, el empleado podrá elevar su contribución hasta los 2.250 euros anuales (5.250 euros al año); y si la empresa mete en uno de estos planes más de 1.501 euros al año, el trabajador podrá igualar esta cantidad hasta 10.000 euros anuales como máximo.
Igualmente la norma incorpora el aumento de la deducción para autónomos por las aportaciones a planes de pensiones que pasarán de 2.000 a 5.750 euros anuales. Dicho esto, desde el Ejecutivo no cerraban ayer la puerta a nuevos incentivos fiscales que podrían introducirse en el trámite parlamentario si así se acordara en la próxima reforma fiscal.
Además, se sacará a concurso público la gestión de una plataforma digital que permita contratar cualquiera de los fondos de pensiones, y consultar los datos con facilidad.
Dado el perfil del proyecto, desde el ministerio de Seguridad Social confían en que su podrá costearse con recursos del fondo de recuperación que la Unión Europea ha dotado para España. “Tendría todo el sentido por la vocación de digitalización del proyecto”, aseguran.