Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha entrado en detalles en un discurso este martes en cómo debería repartirse la carga del pacto de rentas que está planeando el Gobierno y agentes sociales como medida para evitar una espiral inflacionaria que termine dañando la competitividad de nuestra economía.
El gobernador ha mencionado que «sería deseable que un eventual pacto de rentas contemplara compromisos plurianuales tanto en lo relativo a los incrementos salariales como a la protección del empleo. En un contexto tan incierto como el actual, la posibilidad de alcanzar estos compromisos aportaría una gran certidumbre a los hogares y a las empresas a la hora de tomar sus decisiones de gasto e inversión, lo que podría redundar en un mayor dinamismo del conjunto de la actividad económica».
Hernández de Cos habla de realizar un reparto entre empresas y trabajadores. Por un lado, los empresarios deberían contener sus márgenes (no trasladar toda la subida de la inflación a unos precios mayores que mantengan intactos los márgenes de beneficio), mientras que los trabajadores deben hacer otro sacrificio igualmente duro: aceptar que los salarios no suban al mismo ritmo de la inflación general aunque ello suponga una perdida temporal de poder adquisitivo.
«Este pacto de rentas debe suponer un reparto, entre empresas y trabajadores… Insisto: se trata de repartir costes. Todos los agentes implicados han de asumir una pérdida. Ni los trabajadores podrán mantener su poder adquisitivo en el corto plazo, ni las empresas serán capaces de mantener sus márgenes», ha espetado el gobernador del Banco de España.
Además, el gobernador advierte que si todo el ajuste recayera sobre los trabajadores, en el medio plazo las empresas también acabarían sufriendo las consecuencias al experimentar una fuerte caída en la demanda, puesto que al final es el poder adquisitivo de los hogares y el nivel de ocupación quienes marcan, en mayor medida, el ritmo del consumo y, por ende, de las ventas de las empresas.
En cambio, «si en la coyuntura actual hiciéramos recaer todo el ajuste sobre las empresas, muchas de ellas se verían abocadas al cierre y otras muchas sufrirían pérdidas significativas de competitividad que afectarían a su capacidad de inversión futura. Todo ello acabaría trasladándose en menor creación de empleo y bienestar para los ciudadanos», ha advertido el banquero. La solución pasa por repartir los costes y la moderación. Sufrir hoy para recoger los frutos mañana.
El gobernador ha aportado detalles de cómo se debería implementar este pacto para lograr un mayor grado de eficiencia y evitar un mayor perjuicio sobre la economía. Dentro de este horizonte multianual, las referencias nominales de la negociación salarial deberían excluir los componentes asociados a los productos energéticos, cuyas dinámicas de precios muestran una considerable volatilidad y, en la coyuntura actual, previsiblemente no sean duraderas.
En cambio, Hernández de Cos ha pedido que la determinación de las referencias nominales sobre las que basar las negociaciones salariales debería estar inspirada en la evolución prevista de la inflación subyacente.
Para tener una idea de la magnitud de esta medida y su impacto en los salarios. El último dato de inflación en España fue del 7,6% interanual, mientras que la subyacente se situó en el 3% anual. De este modo, la revisión de los salarios debería tener más en cuenta la subyacente (no pondera energía ni alimentos frescos), frente a la inflación general, cuyos propulsores a día de hoy son principalmente los precios de la energía.
«Estas recomendaciones se extenderían tanto a las referencias utilizadas para la fijación de los incrementos salariales como, de acordarse, a las posibles cláusulas de garantía salarial. En el pasado, este tipo de prácticas ya fueron acordadas por los agentes sociales y se mostraron como una herramienta útil para sostener el empleo y reducir el desempleo, mejorar la competitividad de las empresas españolas y favorecer el crecimiento económico».